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Privatizaciones y relaciones laborales en la telefonía
latinoamericana
Jorge WALTER
Resumen
A partir de una serie de ponencias presentadas en el Segundo Congreso
Latinoamericano de Sociología del Trabajo (Aguas de Lindoia, Brasil, 1996), el artículo
examina la transformación de las relaciones laborales vis-à-vis de la privatización
telefónica en los países de mayor tamaño relativo de la región (Argentina, Brasil,
México) y en varios de los más pequeños (Colombia, Puerto Rico, Uruguay,
Venezuela).
Una comparación amplia de lo sucedido en los países de menor tamaño pone en
evidencia, en primer lugar, la influencia determinante de los sindicatos de las
empresas telefónicas estatales sobre el mayor o menor avance y los alcances de la
privatización telefónica en los países de la región.
La comparación Argentina - México (países donde la privatización se realizó
tempranamente en comparación con Brasil) pone de manifiesto, a su turno, la
constitución de dos modelos opuestos de relaciones laborales en el período post
privatización (el resto de los casos se ubicaría en un punto intermedio entre ambos),
fundados en la desnacionalización del management y la pérdida de la garantía del
empleo en el caso argentino, y en el mantenimiento del control de la telefonía en
manos nacionales y la garantía del empleo en el caso mexicano.
El futuro de las relaciones laborales en la telefonía latinoamericana, no obstante una
generalizada tendencia a la restricción del poder de los sindicatos, parece dirigirse
hacia un punto medio entre ambos modelos.
Introducción
En el II Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo realizado en
diciembre de 1996 en Aguas de Lindoia, Brasil, coordinamos en colaboración
con Cecilia Senén González un Grupo de Trabajo sobre “Privatizaciones y
Reestructuración Productiva en América Latina”. Seis de las nueve ponencias
que se presentaron se referían a la privatización de empresas telefónicas y
todas ellas, directa o indirectamente, a la temática de las relaciones laborales.
Ambas coincidencias –y el hecho de que nuestra propia ponencia también
estuviese estructurada en relación a ambos ejes- están en el origen del
presente texto de síntesis1.
El primero de estos hechos fortuitos -la mayoría de las ponencias se referían a
la privatización telefónica- se debe probablemente a tres motivos, relacionados
entre si. En primer lugar, al interés que suscita la privatización por sus
consecuencias en cuanto a la redefinición del rol y las relaciones entre el
Estado y las empresas privadas. En segundo término, al notable dinamismo de
las innovaciones tecnológicas en telecomunicaciones y al carácter
Y de un libro actualmente en prensa en la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA
(que aparecerá en octubre de 1998) . Cfr. WALTER y SENEN GONZALEZ, 1998.
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infraestructural de las mismas, con su consiguiente impacto sobre el conjunto
de la actividad económica. En tercer lugar: a la directa relación entre la
"revolución en las tecnologías de la información" que la nueva infraestructura
hace posible y las tendencias más recientes en materia de transformación de
las relaciones interfirmas, la organización de las empresas y el trabajo, y las
competencias de los trabajadores (CASTELLS, 1997).
La segunda coincidencia -la totalidad de las ponencias sobre privatización
telefónica se referían a las relaciones laborales- parece más obvia, pues el
Congreso reunía a sociólogos del trabajo. Pero no lo es y por eso se ha
convertido en el eje argumental del presente texto.
La lectura del conjunto de los artículos evidencia, en efecto, el valor heurístico
de las relaciones laborales derivado de la influencia del sindicalismo telefónico
sobre la modalidad, el momento y los alcances de la privatización en cada país.
Dicha influencia, heredada de aquella que tuvieran los sindicatos de empresa
en los tradicionales monopolios estatales de telecomunicaciones, se prolonga
tras la privatización -desigualmente según los países- hacia los procesos de
cambio, la administración cotidiana de las nuevas empresas y la participación
en los inconvenientes y en los beneficios que resultan de su reestructuración.
Una visión comparativa permite rescatar estas tendencias ilustrándolas a partir
de casos particulares pese a que los diferentes artículos que inspiran el
presente texto –se trata de ponencias presentadas libremente en un congresono hayan sido elaborados según una previa problemática común.
El objetivo del presente artículo es, entonces, esbozar un análisis comparativo
de casos entendiendo por tales las empresas telefónicas estatales que se
privatizan -o que se pretende privatizar- que comunmente son sinónimo de la
telefonía del país en cuestión2.
Para realizar la comparación agruparemos los casos procurando identificar
similitudes y diferencias de "comportamiento". Entre las similitudes, a las cuales
nos referiremos en primer lugar, identificamos tres: la persistencia del
monopolio (que, ante la aparición de alternativas técnica y económicamente
factibles, deja de ser "natural") por influjo de los marcos regulatorios; la
digitalización de las redes telefónicas nacionales3 y la influencia de los
sindicatos de empresa sobre la temporalidad y el grado de avance de los
procesos privatizadores. Esto último, la temporalidad y el grado de avance de
Se trata de ENTel de Argentina (y su proveedora Siemens), TELEBRAS de Brasil (y su
proveedora Riotel -un nombre ficticio), Telecom de Colombia, Telmex de México, PRTC de
Puerto Rico, Antel de Uruguay y CANTV de Venezuela. El libro (cf. nota 1) incluye además un
texto sobre la (re)definición de lo público y lo privado en relación a las privatizaciones y dos
artículos comparativos de la privatización telefónica latinoamericana y la sucedida en países de
Europa del Este y el Oeste. Nuesto lector encontrará en la bibliografía el listado completo de
estos artículos.
3 Aunque no se trata de privatizaciones ni de empresas prestatarias del servicio telefónico, tras
el Congreso Latinoamericano de Sociología del Trabajo solicitamos a Alice de Paiva Abreu y a
Claudia Figari (cfr. bibliografía) la presentación de sendos artículos sobre las dos empresas
proveedores de insumos y equipos telefónicos más importantes del Brasil y de la Argentina
pues, en efecto, lo sucedido en relación a ellas nos parecía esencial en relación a la
digitalización. ¿Qué sucedió con los proveedores nacionales al cambiar su tradicional cliente
público por el -más exigente- cliente privado y al dejar de fabricar equipos electromecánicos
para comenzar a abastecerlo con tecnología digital?
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los procesos privatizadores (y sus ulteriores consecuencias para las relaciones
laborales en las empresas privatizadas), lo utilizaremos como un leit motiv para
el esbozo de una tipología descriptiva que acentuará lo específico de cada
caso particular.
Persistencia de los monopolios por influjo del marco regulatorio y
digitalización de la telefonía fija
En los países de la región los servicios telefónicos privatizados se encontraban
generalmente a cargo de empresas estatales monopólicas. Tras la
privatización, en ciertos casos dichas empresas fueron subdivididas en relación
a las distancias (servicio urbano, interurbano e internacional) y/o a las áreas
geográficas cubiertas por la red, pero sin que ello significase necesariamente la
supresión de la exclusividad.
De hecho, la mayoría de los marcos regulatorios de las privatizaciones fue
concebido presuponiendo que la telefonía es un monopolio natural. Esta
suposición, que ciertamente era válida cuando a fines de la década pasada se
concibieron los marcos regulatorios, dejó de serlo en el transcurso de esta
década debido al desarrollo de redes alternativas como la celular 4, o paralelas
como la red de fibra óptica de la televisión por cable (CATV) 5. Lo firmemente
arraigado del supuesto -y la contribución a su supervivencia por parte de los
marcos regulatorios- se percibe incluso en las informaciones estadísticas
presentadas en la mayoría de los estudios de caso que inspiran el presente
texto, que continúan computando a la telefonía móvil a lo sumo como un
complemento de la telefonía fija, sin considerar su impacto sobre, por ejemplo,
la densidad telefónica.
La digitalización de las redes telefónicas realizada en la mayoría de los países
de la región durante la presente década esta positivamente asociada con lo
anterior. Uno de los argumentos principales esgrimidos para justificar la
privatización fue la carencia por parte del Estado de las divisas necesarias para
hacer frente a las enormes inversiones requeridas para substituir la tecnología
electromecánica -considerada irremediablemente obsoleta ya desde comienzos
de los años ochenta- por tecnología digital. La magnitud de las inversiones
necesarias es considerada por los especialistas un motor de la globalización6,
Según estadísticas publicadas por la International Telecomunicacion Union, a nivel mundial la
participación de mercado de la telefonía celular ha pasado de un porcentaje cercano a cero en
1990, al 20% en 1997, estimándose que llegará al 40% en el año 2000. A fines de 1997, la
penetración de la telefonía celular en Latinoamérica era del 5,5% en Argentina, 5,1% en
Venezuela, 3,1% en Uruguay, 2,4% en Perú y 1,5% en Paraguay.
5 Según una información dada a conocer por Mauricio Bossa, Gerente de Asuntos
Internacionales e Institucionales de la Comisión Nacional de Comunicaciones de la Argentina,
el porcentaje de hogares cableados con fibra óptica en el país alcanzaba, en 1997, el 75,6%,
generando una clara oportunidad para el desarrollo de WebTV basada en la televisión. La
difusión del cable en la Argentina es excepcional, siguiéndole en importancia México, con una
penetración inferior al 15%.
6 El ejemplo de la tecnología digital es invocado ejemplarmente por Yip en su libro sobre la
globalización: "La multinacional holandesa Philips calcula que el progreso tecnológico en
telecomunicaciones públicas ha multiplicado el costo de desarrollar productos. En los años 50,
los costos de desarrollo para sistemas corrientes de conmutadores electromecánicos eran unos
10 millones de dólares, y el ciclo de vida esperado era de veinticinco años. A principios de
1970, cuando se introdujo el sistema analógico, los costos de desarrollo habían subido a 200
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lo cual también explicaría la transnacionalización de las empresas estatales
europeas de telecomunicaciones7. El caso uruguayo -digitalización sin
privatización- es, sin embargo, una interesante alternativa a dicho modo de
razonamiento, que no invalida, no obstante, nuestra afirmación: la digitalización
está positivamente relacionada con la subsistencia de los monopolios gracias a
la regulación.
La influencia sindical en los procesos privatizadores
La influencia sindical sobre la temporalidad y los alcances que la privatización
telefónica ha tenido en cada país es otro de los rasgos reiterados, que en este
caso, gracias a la focalización de los artículos sobre dicho eje, nos permitirá
esbozar una clasificación.
Veamos antetodo lo que entendemos por alcances de la privatización y por
temporalidad de la misma. Las privatizaciones adoptaron modalidades muy
diferentes que van desde la venta de las empresas, hasta la tercerización
(« privatización periférica ») de ciertas actividades, pasando por la concesión
de licencias de explotación por tiempo determinado (a empresas nacionales, a
empresas extranjeras o a consorcios mixtos de diversa composición
accionaria)8. Ahora bien, si adoptamos una definición amplia del término
privatización queda incluído entre los países que han puesto en marcha
procesos de esta índole incluso Uruguay, cuyos ciudadanos se pronunciaron
explícitamente, plebiscito mediante, en contra del paso de la empresa pública a
manos privadas. La privatización se ha llevado a cabo, por otra parte, según
temporalidades diferentes en cada país, pues en algunos de ellos ha tenido
lugar más temprana y más rápidamente (como en Chile) y en otros en forma
más tardía (como en Brasil). Es posible entonces ordenar los países según los
alcances que ha tenido en ellos la privatización y el momento en que la han
implementado.
La influencia de las relaciones laborales sobre los alcances y la temporalidad
de la privatización se refleja en el menor y más lento avance de la misma en
aquellos países donde la resistencia de los sindicatos telefónicos logró concitar
el apoyo de la ciudadanía.
millones de dólares, mientras que el ciclo de vida había bajado a doce o quince años. En los
años 80, cuando aparecieron los primeros sistemas digitales, los costos subietron a 1000
millondes de dólares, con una expectativa de vida de ocho a doce años. Philips calcula que un
gasto de 1000 millones de dólares para desarrollar sistemas digitales requiere una participación
aproximada al 8% del mercado mundial para sólo recuperar costos. El mercado más grande en
Europa, alemania, no alcanza para dar esa participación". WARREN (1990 : 20-30), citado por
YIP (1993 : 55).
7 Maria Conceição da Costa (cfr. bibliografía) presenta un interesante cuadro de síntesis de la
particularmente agresiva política de expansión de Telefónica de España en América Latina
(esta empresa tiene fuerte participación en el control de las telecomunicaciones de Chile,
Argentina, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Perú y más recientemente Brasil) a favor, señala
la autora, de "su habilidad para ejercer monopolio sobre los activos que posee" y de la "fuerte y
antigua relación cultural" española con sus ex colonias de la región.
8 El modelo institucional adoptado en cada país para la regulación sectorial de las
telecomunicaciones -afirma da Costa- ha dependido de "las formas de estructuración y
articulación de intereses sociales (y de) las condiciones de construcción de los compromisos
sociales características de cada sistema político".
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Tal resistencia es comprensible, pues los sindicatos de empresa han tenido
tradicionalmente un gran peso9 sobre la gestión en las telefónicas estatales de
la región, influencia que la privatización ha tendido sistemáticamente a
restringir. Este hecho convierte a las relaciones laborales en un interesante eje
para la comparación de los cambios sucedidos en la telefonía latinoamericana
durante la última década, para lo cual diferenciaremos los países de menor
tamaño (Colombia, Chile, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela) y los de mayor
tamaño relativo (Argentina, Brasil, México) de la región.
A propósito del tamaño de cada país, la dimensión del mercado nacional
parece incidir sobre todo en la relación privatización - desnacionalización, otro
elemento claramente diferenciador de los procesos privatizadores, que nos
remite al otro polo de las relaciones laborales, esto es, a la contraparte
empresarial. En un polo se ubica la transferencia del control de la empresa
telefónica a manos de empresas extranjeras y en el otro la asignación de dicho
control a empresas nacionales, con una gama de situaciones intermedias en
las que el control se transfiere a consorcios de capital mixto (con mayoría
accionaria local o con control mayoritario extranjero). En materia de
desnacionalización no parece tan determinante la influencia de los sindicatos
como, en efecto, la influencia de los empresarios del país en cuestión (y su
capacidad -técnica y económica- para hacerse cargo del servicio).
Los países de menor tamaño relativo: Colombia, Puerto Rico, Uruguay y
Venezuela
En los países de menor tamaño relativo la resistencia sindical a las
privatizaciones ha variado según el siguiente orden decreciente: Uruguay,
Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Chile, país, este último sobre el cual
lamentablemente carecemos de un diagnóstico actualizado10. En los subtítulos
indicaremos el nombre de la empresa y del (o los) autor(es) del artículo citado
en la bibliografía del cual provienen las informaciones, una manera de
expresarles nuestro reconocimiento11. Las citas literales las colocaremos entre
comillas.
ANTel de Uruguay (Monique María de Wolf)
El Sindicato Unico de Telecomunicaciones (SUTel) llevó a cabo en ANTel de
Uruguay una exitosa oposición al proceso privatizador. Dicha oposición se
transformó finalmente en rechazo a la política privatizadora gubernamental en
su conjunto -considerada sinónimo de desnacionalización12- al lograr movilizar
tras esa idea a la central sindical uruguaya, a algunos partidos políticos de
oposición, y a la mayoría de los ciudadanos (que se pronunció en contra de la
privatización en un plebiscito realizado en diciembre de 1992).
Probablemente reforzado por la inestabilidad institucional, pues a la fuerte inestabilidad de la
alta gerencia designada políticamente se contraponía la gran estabilidad de la jerarquía
sindical.
10 Jean-Louis Le Goff (cfr. bibliografía) se inspira en parte en un estudio de caso sobre la
privatización telefónica chilena, pionera -1987- en América Latina, que realizó a fines de la
década pasada.
11 Si bien, por supuesto, la interpretación que realizamos de sus textos es de nuestra total
responsabilidad
12 De hecho la empresa dependía del Ministerio de Defensa.
9
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El caso uruguayo muestra también, sin embargo, que la privatización puede
avanzar por vías indirectas como la tercerización de, por ejemplo, las obras de
plantel externo13. En este sentido, la productividad de ANTel ha experimentado
un fuerte incremento durante la década, pasando de diez y siete empleados
cada mil líneas en 1991 a ocho cada mil en 1997.
En cuanto a la falta de capitales públicos que se ha utilizado como argumento
para justificar la privatización (más de la mitad de las ganancias de ANTel, que
fueron por ejemplo de cien millones de dólares en 1995, se transfieren
habitualmente a rentas generales del Estado) se ha resuelto mediante recursos
tales como el leasing. Así de Wolf, que califica a este caso de un éxito estatal
(las encuestas señalan que esta opinión es compartida por la población, cuya
satisfacción con la calidad del servicio telefónico pasó del 20% en 1988 al 80%
en 1994), señala que Uruguay es actualmente el país latinoamericano con
mayor densidad telefónica (23,5 teléfonos cada 100 habitantes en 1997, sin
contabilizar la telefonía celular) y mayor difusión de internet; que ANTEL
completó la digitalización de la red en 1997 y que los índices de calidad de
servicio han evolucionado satisfactoriamente tras el plebiscito (la tardanza en
instalar nuevos teléfonos, que antes se medía en años, es ahora, por ejemplo,
menor a un mes). Estar en contra de la desnacionalización -en un país
pequeño cuyo empresariado nacional es manifiestamente incapaz de participar
en la privatización- probablemente sea inseparable de la oposición a la
privatización14.
PRTC de Puerto Rico (Carlos Alá Santiago y Dale Mathews)
En la telefonía boricua se verifica una curiosa paradoja. La empresa es
estatizada en 1974 por causa de mala gestión privada (ITT), y se privatiza en
1990 argumentándose a favor de ello la buena gestión pública y de la
necesidad de constituir mediante la venta de tan valioso activo dos fondos
públicos billonarios: uno para promover la educación y el otro para promover el
desarrollo de obras de infraestructura.
Al igual que en Uruguay la resistencia sindical asocia en Puerto Rico la
privatización y la desnacionalización, teniendo también éxito al impulsar un
paro nacional de 24 horas sobre la base de consignas nacionalistas. Sin
embargo, el nuevo gobierno electo en 1992 llega con una política privatizadora
aún más decidida que el anterior, prosiguiendo y profundizando el proceso ya
iniciado a través de diversas modalidades de privatización periférica15.
Un tema mencionado en el artículo sobre el cual, no obstante, no se dispone de
informaciones precisas.
14 En el extremo opuesto, y debido ciertamente a la fuerza de los empresarios locales, el mismo
argumento de la seguridad nacional es esgrimido en los EEUU, cuyo órgano regulador, la
Federal Communication Commission (FCC) limita la participación del capital extranjero en
cualquier operadora local de telefonía al 25% con el siguiente argumento reportado por Antonio
Moreira de Carvalho Neto: “no es posible entregar a una empresa extranjera el control de un
patrimonio nacional con implicancias para la seguridad del país".
15 Este proceso ha sido reforzado, nos informan Alá Santiago y Mathews, por la promulgación
por el Congreso de EEUU de una nueva Ley de Telecomunicaciones en febrero de 1996 que
"acabó con la protección que le ofrecía la política pública a los monopolios de las compañías de
teléfonos a nivel federal y estatal", asi como con "las restricciones estatales a la competencia
tanto en llamadas locales como de larga distancia y producción de equipos", mientras el
avance tecnológico "hace insostenible el argumento del monopolio natural". Y concluyen: en
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En cuanto a la influencia sindical en el proceso privatizador, la desunión de los
dos sindicatos rivales presentes en el sector debilitó su capacidad negociadora.
El retiro voluntario se implementa por Ley y en 1994 dichos sindicatos firman
un nuevo Convenio Colectivo que "garantiza a la empresa la prerrogativa de
introducir nuevas tecnologías" a cambio de cláusulas protectoras (derecho a
reempleo, prioridad en las vacantes, derecho a adiestramientos especiales)
que hasta el momento de la redacción del artículo habían "logrado la
reubicación de todos los empleados desplazados por la implantación de nuevos
equipos y procedimientos".
Telecom de Colombia (Mauricio Cárdenas)
La historia de la privatización telefónica colombiana, cuya violencia quizá no
tenga parangón en latinoamérica, se inicia a comienzos de 1992 cuando el
Gobierno del Presidente Gaviria presenta ante el Congreso colombiano un
proyecto de privatización de Telecom en el cual se omitían todos y cada uno de
los acuerdos a los cuales se había llegado en conversaciones previas con el
sindicato (para quien la innovación tecnológica y la autonomía en el manejo de
los fondos constituían la clave del éxito futuro de la empresa). El sindicato
promovió entonces, exitosamente como en Uruguay y en Puerto Rico, un paro
de una semana de duración que literalmente aisló al país del resto del mundo.
El Ministro responsable debió renunciar mientras el Gobierno retiraba del
Congreso el proyecto de privatización. Los sindicatos fueron entonces llamados
una vez más a discutir un proyecto de Ley de gestión especial para Telecom
pero, "...esto fue sólo una pequeña victoria para la organización de los
trabajadores. De hecho, algunos líderes sindicales pasarían varios meses en
prisión acusados de haber convertido la huelga en un “acto terrorista”, mientras
que otros se verían obligados a pasar a la clandestinidad y, aunque el gobiemo
terminaría por abandonar la idea de privatizar de manera inmediata las
telecomunicaciones, los proyectos de reorganización de Telecom se tradujeron
en leyes y decretos presidenciales definidos unilateralmente menos de un año
después".16 Al igual que en el caso portorriqueño, en 1995 Telecom
implementó un plan de retiro voluntario con vistas a la mejora de la
productividad, y simultáneamente cuestionó la estabilidad laboral, el régimen
de pensiones y las primas extralegales, mientras redimensionaba su estructura
organizativa (mediante downsizing, regionalización -convirtiendo a las
gerencias regionales en unidades de negocio independientes- y
descentralización productiva y administrativa). Paralelamente, entre 1993 y
1994 el sindicato telefónico se había convertido en un sindicato de industria, y a
este contexto, "el 'patrimonio nacional' boricua se encuentra en ruta irreversible al control del
sector privado".
16 A comienzos de 1995 existían más de 30 empresas privadas prestadoras de servicios de
valor agregado (a cuya creación se había dado via libre mediante un decreto de julio de 1991).
Mediante dos decretos de diciembre de 1992 ya se había modificado el status jurídico de
Telecom -que se transformó en empresa industrial y comercial de Estado- y se le había quitado
la exclusividad en la prestación de los servicios de larga distancia nacional e internacional (de
los cuales provenía históricamente el 95% de sus ingresos); en 1993 se permitió el ingreso de
inversión privada en las concesiones de telefonía celular ("las concesiones de los servicios de
telefonía celular otorgadas a principios de 1994 a operadores privados se convertirían en la
más grande privatización realizada en Colombia hasta la fecha") y, a través de "joint ventures",
en la expansión de la telefonía local; una Ley de 1994 autorizó a los gobiernos nacional,
departamental y municipal a vender las empresas del sector o convertirlas en sociedades por
acciones.
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partir de 1995 se preparaba para negociar por primera vez una Convencion
Colectiva de Trabajo. Según el autor del paper, el principal cambio resultante
de esta historia consistió en "la pérdida de influencia sindical y su substitución
por un esquema unilateralmente determinado por la cúpula directiva de la
empresa y del Estado", lo cual está "relacionado con las divisiones internas del
movimiento sindical debido al desacuerdo sobre las respuestas que debía dar
frente a las nuevas políticas".
CANTV de Venezuela (Consuelo Iranzo y Jacqueline Richter)
Al igual que en los casos uruguayo, puertorriqueño y colombiano, también en el
venezolano la resistencia más fuerte al proceso privatizador provino de los
sindicatos actuantes en las empresas estatales. Sin embargo, a diferencia de
dichos países en Venezuela se llevó a cabo una franca privatización (y
"desnacionalización"), sobre la base de un consenso17 plasmado en 1991 en
una Ley del Congreso Nacional. CANTV quedó a cargo, licitación mediante, de
un consorcio mixto controlado por una operadora extranjera, su accionista
mayoritaria18. Cabe precisar que los convenios colectivos habían sido revisados
con anterioridad a la privatización19, sin que ello provocara huelgas, pues "el
mantenimiento de la paz laboral fue una de las preocupaciones
gubernamentales en ese proceso". Así, "el objetivo de garantizar la paz laboral
llevó a que las presiones de los sindicatos de base (...) tuvieran éxito en el
momento de la privatización en el mantenimiento de las principales conquistas
previas, (si bien) el alto nivel de conflictividad y el irrespeto a los acuerdos
establecidos una vez la empresa privatizada muestra la fragilidad de tales
acuerdos así como de las instancias políticas encargadas de canalizarlos". Al
igual que en los otros países, se produjo también en este caso una fuerte
pérdida de "prerrogativas sindicales en materia de contratación, ascensos,
adiestramiento y reclasificaciones, propias por lo general de las empresas
estatales", asi como de ventajas adquiridas (se desmantelan unidades de
atención médica y psicosocial, se cierran guarderías, se resiste el pago de
horas extra trabajadas, etc.) e, incluso, del régimen de jubilaciones,
sistemáticamente resistido por la empresa.20 Una de las vías para lograr el
debilitamiento del poder sindical consistió concretamente en la tercerización de
una serie de actividades (particularmente las relacionadas con obras de plantel
externo) anteriormente internalizadas por la empresa estatal, a lo cual Iranzo y
Richter le atribuyen una parte importante de las mejoras en la productividad del
personal. El texto concluye con una evaluación de las mejoras realizadas tras
la privatización (el índice de digitalización de la red pasó del 20 a casi el 100
por ciento y la calidad del servicio mejoró sensiblemente), señalando que,
mientras se mantenga el monopolio -es decir, hasta octubre del año 2000- no
es posible evaluar si tales mejoras justifican los actuales elevados niveles
Entre los partidos políticos, organismos empresariales mayoritarios y la Central de
trabajadores (CTV), que manifestó su acuerdo con la privatización de CANTV.
18 Venworld Telecom, liderado por la General Telephone and Electronics (GTE) y compuesto por la
American Telephone and Telegraph (ATT), la Compañía Nacional Telefónica Española, la
Compañía Anónima la Electricidad de Caracas y el Consocio Inversionista Mercantil (CIMA).
19 En la mayoría de las empresas estatales de Venezuela, a diferencia por ejemplo de
Colombia, las relaciones de trabajo estaban reguladas por el régimen general de derecho
aplicado al sector privado (la Ley Orgánica del Trabajo).
20 Permite acceder a una jubilación de por vida con sólo 14 años de servicio. La empresa ofrece
a cambio prestaciones sociales triples.
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tarifarios. Según Iranzo y Richter, en síntesis, en este proceso los sindicatos
privilegiaron "el respeto a los derechos adquiridos, la participación accionaria o
la estabilidad laboral frente a otros asuntos que posteriormente se mostraron
más importantes y que terminarían afectándolos considerablemente; es decir,
asuntos como la capacidad de incidencia sobre el manejo del personal y las
relaciones laborales en general, el cambio tecnológico, los sistemas de
remuneración o la flexibilización interna y externa".
Los países de mayor tamaño relativo: Argentina, Brasil, México
La comparación entre México y la Argentina (en ambos países, a diferencia de
Brasil, la privatización avanzó tempranamente, llevándose a cabo a comienzos
de la década) nos permite avanzar sobre el período posterior a la privatización,
poniendo en evidencia la institución de dos modelos básicos de relaciones
laborales: a) el mexicano, consistente en una privatización sin
desnacionalización y en una modernización tecnológica negociada, con
garantía de empleo y reconversión de la fuerza de trabajo; b) el argentino,
consistente en una privatización con transferencia del control de la telefonía a
operadores extranjeros y en una modernización tecnológica y organizativa
decidida e implementada unilateralmente por dichos operadores, sin garantía
de empleo ni de reconversión (pues se elimina y substituye personal del mismo
modo que se eliminó y substituyó la vieja tecnología por otra nueva). El
sindicato procura en este caso preservar el empleo por vías indirectas (la
reprofesionalización del personal vía capacitación en centros de formación
sindicales) y no siempre aceptadas por las empresas.
Telmex de México (Enrique de la Garza Toledo y Javier Melgoza Valdivia)
La mexicana es probablemente la transición más acabada entre las
examinadas en este artículo. En Telmex, en efecto, observamos realizarse la
secuencia ideal -esta es, al menos, nuestra lectura del caso- que los sociólogos
del trabajo esperamos registrar cuando examinamos diacrónicamente procesos
de esta índole: la progresiva institucionalización de las negociaciones hasta
llegar al puesto mismo de trabajo, poniendo asi de manifiesto el creciente
dominio de la nueva tecnología por parte de los trabajadores. El modelo
subyacente para dicho proceso es, claramente en el caso presente, el "modelo
japonés" de los años ochenta, que la preservación de ciertas virtudes de la
empresa pública de teléfonos tradicional (como la garantía del empleo, o
"empleo de por vida"), hecha realidad en el caso mexicano, induciría a
implementar haciéndolo factible. Dicha garantía tiene equivalente y sustento en
lo referente al control de la empresa -fue transferido a empresarios nacionalesy en el nivel de ganancias garantizado merced a un incremento tarifario previo
a la privatización, la instauración del servicio medido y el mantenimiento del
monopolio en las llamadas de larga distancia -las más rentables- por seis años,
hasta 1996. La garantía ha sido tal que la gravísima crisis por la que atravesó
México durante 1995 y 1996 sólo repercutió en una caída de las utilidades
netas sobre ventas netas que pasaron del 38,5% en 1992 al 29,4% en 1996
(mientras la proporción de pasivo total a activo total pasaba del 28,9% a 19,8%
entre ambos extremos del mismo período!). En cuanto a los logros productivos
posteriores a la privatización, el trabajo menciona para el período 1990-1996 un
incremento del número de líneas del 70% (dado que el empleo se mantuvo
10
estable, ese mismo fue, aproximadamente, el porcentaje de incremento de la
productividad por trabajador), de las llamadas interurbanas del 110% y de las
llamadas internacionales del 230%. La digitalización de la red, ya muy
avanzada sin embargo en el momento de la privatización, alcanzó el 90% en
1996 (y era del 100% en las tres mayores ciudades del país)21.
En cuanto a la institucionalización de nuevas "reglas de procedimiento" 22, ella
siguió un sendero de implementación de formas institucionales de alcance
progresivamente más local y específico, con periodicidad de funcionamiento
progresivamente decreciente. Al igual que en otros países de la región, el
trayecto comenzó con una revisión del Convenio Colectivo de Trabajo (1989)
previa a la privatización, seguida de revisiones anuales de cláusulas
contractuales específicas del Convenio por las cuales se creó en 1990 una
Comisión Mixta de Calidad y Productividad que a su vez firmó en noviembre de
1991 -como resultado de su trabajo de diseño conjunto de políticas para la
mejora de la calidad y la productividad del servicio- un Convenio sobre Calidad,
Productividad y Capacitación para la modernización integral de Telmex y, en
noviembre de 1992, un Programa General Permanente de Incentivos a la
Productividad. A estas iniciativas se agregó, por último, la creación de
numerosos Grupos de Análisis que se desempeñarían cotidianamente al nivel
de los puestos de trabajo23. El significado de esta secuencia nos parece claro:
en primer lugar, fuerte presencia sindical en la concepción e implementación de
las políticas de mejora de la calidad que son clave para la mejora de la
productividad en los servicios en general24 y en la telefonía en particular; en
segundo lugar, con el paso de la implementación del Convenio de Calidad y
Productividad y del Programa de Incentivos a la evaluación de sus resultados,
unido a las actividades de mejora continua de los Grupos de Análisis, se puso
en marcha en la organización un proceso de aprendizaje acompañado de la
herramienta de evaluación susceptible de asegurar su persistencia en el
tiempo.25
21 En el artículo no se aportan datos en cuanto a la mejora en los indicadores de calidad de
servicio pero se menciona la implementación, acordada en abril de 1995 (en el marco de la
tercera fase del Programa General de Incentivos a la Calidad y la Productividad), de un
mecanismo de captación de la percepción de los clientes, de la cual dependería el
otorgamiento de un plus salarial del 5%.
22 Por "reglas de procedimiento" -formales o informales- entendemos el marco institucional de
la negociación, por oposición a "reglas de contenido", que se refieren a la materia de la
negociación (salarios, categorías, condiciones de trabajo, etc.). Tomamos estos términos de
REYNAUD (1993).
23 En 1996 funcionaban alrededor de 200, integrados sobre todo por trabajadores de planta
externa (un sector que en las telefónicas de la mayoría de los países de la región ha sido
objeto de tercerización). "Los conforman trabajadores, jefes y supervisores, con presencia
formal del sindicato y su tarea es proponer mejoras en la productividad, calidad, ausentismo,
rotación, higiene y seguridad. Fueron creados en torno a los convenios de productividad, que
establecieron bonos por incremento en la productividad, pero también en tareas de definición
de indicadores para medirla, hacer las medidiones mismas y la evaluación del sistema".
24 Sobre el nexo calidad-productividad en la economía de los servicios ver cf. EIGLIER Y
LANGEARD (1987).
25 Las discusiones acerca de la definición de los criterios de medición son apasionantes: queda
evidenciada la doble cara de los indicadores en tanto herramientas a la vez de control
heterónomo (por parte de la empresa) o de reivindicación (por parte del sindicato) y de
monitoreo y reorientación autónomas de los procesos de aprendizaje. Sobre esta temática cf.
MOISDON (1997).
11
Los autores del artículo califican el caso como una "situación extrema mexicana
de negociación entre un sindicato y una empresa", señalando que tal situación
ha sido posible por la presencia de una representación sindical con gran
legitimidad ante sus bases -"y una capa de técnicos que impregnaron de
sentido tecnológico a la estrategia sindical"- apoyada por un gobierno federal
que en 1992 "diseñó a la vieja usanza una estrategia de reforma del antiguo
corporativismo sindical" mediante la promoción de un "nuevo sindicalismo,
ejemplo del cual sería el telefonista". No obstante, concluye el artículo, con la
apertura de la larga distancia a la competencia "...las nuevas compañías se han
alejado de la experiencia de Telmex en concertación con sus sindicatos y han
firmado contratos con organizaciones obreras de membrete que les permiten
peores salarios, condiciones de trabajo y, sobre todo, unilateralidad. Esta
nueva situación, que impactará el mercado de servicios de telecomunicaciones
en contra de Telmex, puede presionar a la empresa a revisar el marco actual
de relaciones laborales".
ENTel de Argentina (Jorge Walter y Cecilia Senén González)
En un extremo opuesto al bilateralismo sindical-patronal mexicano se sitúa el
unilateralismo patronal que caracteriza la situación posterior a la privatización
en la Argentina, país donde, por otra parte, privatización ha significado
desnacionalización26 (la mitad norte de la red nacional pasó bajo control de un
Consorcio mixto controlado por Telecom de Francia y Stet de Italia; la mitad sur
bajo control de un consorcio mixto controlado por Telefónica de España). Al
igual que el caso mexicano, sin embargo, en la Argentina también se elevaron
fuertemente las tarifas en el momento de la privatización garantizándose a las
licenciatarias del servicio el control monopólico de las comunicaciones
realizadas mediante la red fija27 hasta 1997, con posibilidad -de cumplirse con
ciertas metas de densificación y de mejora en la calidad del servicio que, en
efecto, han sido cumplidas- de acceder a una prórroga hasta el año 2000.
A diferencia del caso mexicano, la privatización trajo aparejada una fortísima
reducción de personal (entre noviembre de 1990 y setiembre de 1997 el
personal ocupado en las dos licenciatarias se redujo exactamente a la mitad 28)
y a una verdadera substitución de la parte restante, similar en su lógica al
reemplazo de tecnología que se realizaba paralelamente. El cambio de
tecnología se tradujo concretamente en el paso de un índice de digitalización
de menos del l5% en 1990 a la digitalización casi completa de la red en 1998 (y
a la conexión de las nuevas centrales mediante anillos de fibra óptica). Por su
parte, la reducción-substitución masivas de personal se vió claramente
reflejada en los promedios de edad, antigüedad y profesionalidad del personal
(esto último sobre todo a nivel de mandos medios) y, por supuesto, en la
productividad (que tras la privatización dio un impresionante salto de más del
Es importante recordar que la oleada de privatizaciones que se produjo en la Argentina a
partir de 1990, tras la cual el rol del Estado en la producción de bienes y en la prestación de
servicios públicos quedó severamente restringido, tuvo lugar inmediatamente después de la
catástrofe hiperinflacionaria de los años 1989 y 1990.
27 Las llamadas internacionales son controladas por una empresa cuyo control es compartido
por ambas licenciatarias. La telefonía celular es, en cambio, abierta a la competencia con otras
empresas. El único ámbito que se desenvuelve desde la privatización en "régimen de
competencia" es el de los servicios de valor agregado tales como la transmisión de datos,
internet, 0600, etc.
28 Pasó de 40.800 personas a 21.000.
26
12
650%). En materia de relaciones laborales, en lugar de una progresiva
institucionalización de la negociación como en el caso mexicano, tras la
privatización se produjo en la Argentina una completa exclusión de los
sindicatos, que debieron limitarse a prácticas defensivas y ex post y al intento
de garantizar la estabilidad del empleo por vía indirecta, a través de una oferta
de capacitación propia e independiente, con certificaciones no siempre
reconocidas por las licenciatarias29.
El cambio que el artículo sobre la Argentina pone más claramente en evidencia
se sitúa, sin embargo, a nivel de la telefonía en su conjunto, donde ha tenido
lugar una multiplicación de los actores, tanto empresarios como sindicales.
Concretamente, el sindicato de los obreros y empleados telefónicos otrora
dominante en la empresa estatal (donde firmaba un convenio único para todas
las categorías de trabajadores, incluídas las gerenciales) compite ahora con el
sindicato de los obreros de la construcción (que se ha instalado firmemente en
el sector con motivo de la incursión en él de numerosas empresas
subcontratistas de las gigantescas obras de modernización de la red) y con el
sindicato de empleados de comercio, que se ha abierto camino en la parte de
la telefonía más ligada a su desarrollo futuro: las nuevas empresas prestatarias
de servicios de valor agregado (único dominio abierto a la competencia desde
la privatización).
Siemens de Argentina (Claudia Figari)
La multiplicación de los actores ha tenido lugar también a nivel de proveedores
de insumos y equipos, un mercado tradicionalmente dominado por sólo dos
empresas: una subsidiaria de la empresa japonesa NEC (PecomNec) y una
filial de la empresa alemana Siemens. Esta filial logró implementar una
transición mucho menos traumática que la sufrida por ENTel, su antigua
cliente. ¿Cómo lo logró? En el mismo momento -la hiperinflación- en que la
casa matriz alemana evaluaba la posibilidad de retirarse del país, por sus
conocimientos y experiencia relativos a la red telefónica nacional la filial
argentina se convertía en consejera de las empresas que se presentarían a la
licitación. Gracias a ello logró revertir la decisión de su casa matriz para
posteriormente reposicionarse hasta controlar un 40% del gigantesco mercado
de insumos y equipos adquiridos tras la privatización. El cambio de cliente y el
paso de la producción de centrales electromecánicas a la fabricación de
centrales digitales conllevaron cambios radicales tanto a nivel de la estructura
organizativa (descentralización de la gestión por unidades de negocio,
downsizing) como de los procesos productivos (reingeniería, certificación de la
calidad) y de trabajo (trabajo en equipo, mejora continua) y, consiguientemente,
de los perfiles profesionales involucrados. El cambio en estos últimos -en la
configuración del mercado interno de trabajo- podría resumirse asi: el oficio y la
experiencia dejaron paso a la profesionalidad y a la juventud como factores de
movilidad en relación a todas y cada una de las categorías ocupacionales y a
Secundariamente, es interesante remarcar que, sin embargo, a diferencia de lo sucedido en
la empresa venezolana de teléfonos, donde la desnacionalización del management trajo
aparejada una serie de persistentes dificultades de comunicación intercultural (en ciertos casos
de franco etnocentrismo administrativo), en el caso argentino se produjo -graves conflictos
mediante, que en el caso de una de las licenciatarias llegaron incluso a tener estado público,
dando dando lugar al reemplazo del presidente extranjero de la compañía por otro local- una
rápida re-nacionalización.
29
13
todos y cada uno de los niveles jerárquicos. Lo cual, como puede imaginarse,
afectó sobre todo a las categorías de trabajadores (los operarios y los técnicos)
más cercanas a los núcleos operativos.
TELEBRAS de Brasil (Antonio Moreira de Carvalho Neto)
La temática de los proveedores de insumos y equipos nos acerca ahora a
Brasil, es decir, al más complejo de todos los países de la región30 y al más
retrasado de los procesos privatizadores31. Así como la privatizacióndesnacionalización ha podido aparentemente evitarse en aquellos países que,
como México, cuentan con empresas privadas nacionales que individual o
asociadamente han demostrado ser capaces de reemplazar al Estado en la
prestación del servicio, el tema de los proveedores de tecnología, es decir, de
su posibilidad para dotarse de una estrategia de desarrollo o apropiación de la
nueva tecnología digital parece sobre todo al alcance de las empresas de un
país cuyo mercado tiene la dimensión y las proyecciones del brasileño. Varios
de los textos que inspiran este artículo aluden al desafío. En primer lugar el de
Jean-Louis Le Goff, que plantea el problema en el contexto de una
comparación sobre los efectos productivos y contraproductivos de las
privatizaciones en América Latina y en los ex países socialistas del este
europeo, y en segundo término, y más específicamente, el de Antonio Moreira
de Carvalho Neto sobre la privatización y la desreglamentación de la telefonía
brasileña, quien manifiesta su preocupación ante el inminente riesgo de pérdida
de la capacidad tecnológica desarrollada por el Laboratorio de Investigación y
Desarrollo de TELEBRAS ante la aparente inacción del actual gobierno
brasileño32 y por la carencia de una estrategia de aprovechamiento de la
capacidad negociadora resultante del inmenso mercado de ese país para
dotarlo de una estrategia de autonomía tecnológica33.
Las telecomunicaciones brasileñas son controladas por 31 organizaciones estaduales
(llamadas TELEs) y por EMBRATEL (Empresa Brasileña de Telecomunicaciones, operadora
interestatal e internacional) subordinadas, todas ellas, al holding TELEBRÁS
(Telecomunicaciones Brasileñas).
31 Dicho proceso ha culminado recientemente, confirmando una tendencia ya comentada en lo
que respecta al posicionamiento de Telefónica de España en la telefonía latinoamericana.
32 Hasta el momento "...las actitudes del gobierno brasileño presagian que pueda ocurrir lo
mismo que en los otros países latinoamericanos". ¿Indicios?: "...el vaciamiento del CPqD,
Centro de Investigación y Desarrolo de la TELEBRÁS", un centro "de renombre mundial" que
desarrolló centrales de conmutación digital cuyo éxito "llevó a proveedores de renombre
internacional como la francesa Alcatel a incluir el producto en su portfolio mundial.
Investigadores altamente calificados, que han desarrollado también una fibra óptica brasileña,
están desmotivados por los bajos salarios y están siendo transferidos a otras áreas mediando
la desactivación de los laboratorios, según denuncias comprobadas del diario de SINTTEL-RJ y
de la Asociación de Funcionarios de CPqD". Otro indicador de la falta de una estrategia
brasileña para el sector es el hecho que TELEBRÁS es la mayor empresa mundial prestadora
de servicios de telecomunicaciones que aún no sacó provecho de su gran tamaño y de su
conocimiento del mercado para conformar alianzas que le permitan ofrecer nuevos servicios
(como las redes corporativas). Existen alianzas de ese tipo entre la norteamericana MCI y la
British Telecom; entre las estatales Deutsche y France Télécom; entre AT&T y la KDD
japonesa (Prochnick, 1996). No basta para ello con asegurar el 51% del control accionario para
el capital nacional, como fué realizado en la concesión de la telefonía celular en Brasil".
33 El ejemplo coreano, nos recuerda de Carvalho Neto, "pone en evidencia las impensables
concesiones que puede lograr un país que posee un proyecto de política industrial, si sabe
sacar provecho de la intensa competencia internacional: en la compra de trenes de alta
velocidad el gobierno coreano forzó a la empresa francesa ganadora del concurso a
subcontratar empresas coreanas para fabricar cerca del 60% de los trenes comprados y, más
30
14
Riotel de Río de Janeiro (Alice de Paiva Abreu, Bila Sorj y José Ricardo
Ramalho)
En relación, justamente, a la industria brasileña proveedora de insumos y
equipos telefónicos, el estudio sobre Riotel da cuenta -colocando su foco en las
redes empresarias y en las percepciones de los empresarios involucrados en
ellas- de la literal disolución que sufrió la empresa que hasta fines de los años
ochenta fuera proveedora monopólica de centrales electromecánicas en Brasil
al no poder -y aparentemente tampoco intentar- subirse a tiempo al tren de la
digitalización.
Lo llamativo del caso reside en el modo de disolución de una empresa
caracterizada por su alto nivel de "internalización" de actividades: un proceso
de tercerización juzgado exitoso y emprendido con la mayor seriedad técnica
imaginable para el medio empresarial brasileño, pero cuyos motivos y
consecuencias no fueron ni el aligeramiento organizativo ni el desarrollo de
competencias distintivas sino, de hecho, la reducción indolora del personal
mediante su reubicación bajo vigilancia sindical en empresas subcontratistas.
El hecho concreto que queremos remarcar es que, ante el literal abandono de
un negocio en extinción por parte de su patrón, el sindicato logró colocarse en
su lugar para aprovechar el último aliento de la empresa en beneficio de los
trabajadores. Comenzó a tomar forma asi lo que en nuestra opinión constituye
el mayor interés del artículo: las redes asociativas empresarias que la literatura
reciente considera herramientas esenciales de competitividad en un mundo
globalizado, en este caso las vemos funcionar como verdaderas redes de
contención que ayuda a la dilución de un grave problema social. Pero no sólo
eso. A la manera del ejército que se retira golpeando y que con semejante
estrategia termina ganando la batalla, el estudio de las percepciones de los
empresarios participantes en dichas redes evidencia, testimonios a la vista, un
asombroso proceso de aprendizaje industrial que los prepara para asumir en el
futuro importantes desafíos.
En cuanto, por último, al retraso en la privatización telefónica brasileña, ello
probablemente este relacionado con la siguiente observación de Moreira de
Carvalho Neto: "la práctica de la tercerización avanzó tanto en las empresas
(telefónicas brasileñas) que podemos concluir que el sector experimenta lo que
podría llamarse un proceso de “cuarterización”, es decir, de subcontratación de
empresas que a su vez subcontratan a otras, administrando el consorcio y
esfumando la responsabilidad por parte del sector público contratante. El
Estado termina asi en buena medida tercerizando la propia administración del
contrato". Llevado a su extremo encontramos entonces, también aquí, ese
modo "soft" de privatización que es la tercerización.
Conclusión
Ordenaremos estas conclusiones en relación a tres fases: la privatización
propiamente dicha; el período post-privatización, cuando los nuevos
propietarios se hacen cargo de las empresas e implementan sus políticas
(básicamente los años noventa); y el futuro, que "comenzará" con la
aún, a ceder el proyecto y los derechos totales sobre la tecnología a partir del año 2002,
además de reducir el precio inicial en casi un 50%".
15
liberalización de las telecomunicaciones, que tiende a generalizarse a la
mayoría de los países del mundo desde comienzos del nuevo milenio.
1. La primera conclusión del análisis comparativo amplio de los casos
(decimos "amplio" pues, si bien todos ellos prestan especial atención a las
relaciones laborales, no fueron redactados a partir de una problemática
común34) se refiere a la influencia sindical en los procesos privatizadores. El
grado de avance y los alcances de estos procesos han variado, país a país,
en relación a la capacidad de los sindicatos de las empresas públicas de
suscitar el apoyo de la ciudadanía en su oposición a la privatización.
2. La influencia sindical en los procesos privatizadores es indudable, pero
también lo es el retroceso de dicha influencia con posterioridad a la
privatización. Esto sucede incluso en los casos en los que no se privatiza
(como en Uruguay) o se retrasa la privatización (como en Brasil o Puerto
Rico), donde la tendencia es hacia la privatización de hecho, por la vía
indirecta de la tercerización (no en vano denominada "privatización
periférica") e incluso la "cuarterización", es decir, como en el caso brasileño,
la subcontratación de la subcontratación.
3. Con posterioridad a la privatización, la tercerización-privatización (periférica)
se transforma en tercerización-flexibilización contractual. Esto puede
interpretarse como el resultado de una tendencia general al "aligeramiento"
organizativo, que acompaña la substitución de la tecnología
electromecánica por la digital y el reemplazo del management público por la
-más eficientista- gestión privada.
4. Aparece, sin embargo, una serie de matices, al ubicarse la mayoría de los
países de la región entre dos modelos extremos de relaciones laborales
derivados del modo de privatización: a) desnacionalización del management
conjugada con la pérdida de la garantía del empleo (reducción y
substitución drásticas del personal), como en el caso argentino y, b)
mantenimiento de la empresa bajo control de empresarios nacionales
conjugada con el mantenimiento de la garantía del empleo, como en el caso
mexicano. La tendencia final apunta aparentemente a limar los rasgos más
caricaturales de ambos modelos. En el caso argentino, es previsible una
recomposición del poder sindical tras su inicial desagregación (pues una
vez finalizadas las gigantescas obras de modernización y extensión de la
red telefónica nacional, se reducen las necesidades de tercerización),
mientras que en el caso mexicano la prometida liberalización de las
telecomunicaciones nos incita a moderar nuestro optimismo sociológico
sobre la posibilidad de un círculo virtuoso del progreso hacia formas más
autoconcientes de producir y prestar servicios.
5. Nathan ROSENBERG (1994: 231) cita un interrogante formulado en 1840
por Henry Thoreau tras el tendido del hilo telegráfico uniendo la costa este y
la oeste de EEUU : “They tell me that Maine can now communicate with
Lo cual presenta la ventaja de permitir captar mejor lo intrínseco de cada caso (que la
mayoría de los artículos enfatice las relaciones laborales tiene que ver, sostenemos, con la
relevancia intrínseca del tema). Al decir esto pensamos en la distinción entre "casos
intrínsecos" y "casos instrumentales" que efectúa STAKE (1995).
34
16
Texas. But does Maine have anything to say to Texas ?".35 Ciento cincuenta
años después, la pregunta suena anacrónica... y anticipatoria. Anacrónica
tecnológicamente, pues la pregunta que nos conviene formular hoy (ante la
inminencia de una generalizada liberalización de las telecomunicaciones y
ante el desarrollo de tecnologías alternativas de comunicación) es si el
clásico hilo fijo sigue siendo, o conviene que sea, como los marcos
regulatorios de las privatizaciones lo han originalmente presupuesto, la
única y exclusiva vía de comunicación. Anticipatoria, pues de la respuesta
a la pregunta "¿qué comunicar?" por las vías de comunicación digitalizadas
provendrá el estímulo que conducirá a la ruptura de la exclusividad. Nos
referimos concretamente al desarrollo de nuevos servicios posibilitado por la
convergencia de las telecomunicaciones, la informática y los medios (de
comunicación). Digamos, por último, que si bien América Latina ha
accedido al uso de la tecnología digital, no ha hecho lo propio en relación al
know how (incluso en el caso de Brasil, el país a priori mejor preparado para
ello)36. La digitalización no parece sin embargo poca cosa en un mundo
donde la (tele)comunicación se ha transformado en un factor de inclusión o
exclusión de las naciones.
Bibliografía
Texto base
WALTER, Jorge y SENEN GONZALEZ, Cecilia (1998). La Privatización
Telefónica en América Latina. Buenos Aires, Editorial EUDEBA (en prensa).
Artículos del texto base
ACOSTA, Maria Conceição, "Cambios institucionales y privatización en la
década de los 90: una comparación entre Europa y América Latina en el sector
de telecomunicaciones".
ALA SANTIAGO, Carlos y MATHEWS, Dale, "Reestructuración y Privatización
en la telefonía de Puerto Rico".
CARDENAS, Mauricio, "Impacto de las políticas de apertura económica y
privatización sobre las relaciones laborales en la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones de Colombia".
DE LA GARZA, Enrique y MELGOZA VALDIVIA, Javier, "Reestructuración y
cambio en las relaciones laborales en la telefonía mexicana".
DE PAIVA ABREU, Alice; SORJ, R. Bila y RAMALHO, José Ricardo, "Impactos
sociales de la tercerización industrial en Río de Janeiro: un estudio de caso en
el sector de telecomunicaciones brasileño".
DE
WOLF,
Monique
María,
"La
Administración
Nacional
de
Telecomunicaciones de Uruguay. Fracaso de una privatización y éxito de una
empresa estatal".
"Me dicen que Texas puede comunicar ahora con Maine. Pero, ¿tendrá Maine algo que
decirle a Texas?"
36 Si nos atenemos a lo sucedido con la subcontratista "Riotel" y al destino aparentemente
muy precario reservado a la I&D de EMBRATEL.
35
17
IRANZO, Consuelo y RICHTER, Jacqueline, "Privatización y relaciones
laborales en la telefonía venezolana".
LE GOFF, Jean-Louis, "Efectos productivos y contraproductivos de las
privatizaciones. El ejemplo de las telecomunicaciones en América Latina y en
Europa del Este".
RUFFIER, Jean, "El deslizamiento del orden de lo privado y lo público".
WALTER, Jorge y SENEN GONZALES, Cecilia. "Empresas y sindicatos en la
Telefonía argentina privatizada".
MOREIRA DE CARVALHO NETO, Antonio, "La desreglamentación de las
telecomunicaciones en Brasil"
FIGARI, Claudia, "Reestructuración de una empresa proveedora: la filial
argentina de Siemens"
Otros textos citados
CASTELLS, Manuel, La era de la información. Economía, sociedad y cultura.
Vol. 1, La Sociedad Red. Alianza Editorial. Madrid, 1997.
EIGLIER, P. y LANGEARD, E. (1987), Servuction, le marketing des services.
Mc Graw-Hill. Paris.
MOISDON, Jean-Claude (1997), Du mode d'existence des outils de gestion.
Ed. Seli Arslan. Paris.
REYNAUD, Jean-Daniel (1993), Les règles du Jeu. L'action collective et la
régulation sociale. Paris, Armand Colin.
ROSENBERG, Nathan, (1994), Exploring the Black Box. Technology,
Economics, and History. Cambridge University Press
STAKE, Robert (1995), The Art of Case Study Research. Sage Publications
WARREN, Joseph M. (1990), "3M's European Management Action Teams:
Managing Diversity in a Single European Market", Journal of European
Business, Julio-agosto.
YIP, George S. (1993), Globalización. Ed. Norma.